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| Sociedad Interamericana de Prensa. |
La SIP, con sede en Miami, hizo la petición tras presentar a esta instancia un documento de "amicus curiae" (amigo de la corte), una figura jurídica que representa el apoyo ante el tribunal de un tercero no implicado en la causa. En nombre de la SIP, su presidenta, Elizabeth Ballantine, invitó a la "Corte Interamericana de Derechos Humanos a fallar que la decisión del Gobierno venezolano de no renovar la concesión de RCTV y no reparar el daño.
RCTV, una cadena privada de línea editorial crítica con el Gobierno, tuvo que dejar de emitir en abierto el 27 de mayo de 2007, después de que la Administración del entonces presidente Hugo Chávez no le renovara el permiso con el argumento de que era una compañía "golpista", en el escrito, la SIP también destacó que, "por vía de medidas cautelares presentadas por organizaciones sociales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la incautación, sin indemnización, de toda la plataforma de RCTV, a fin de asegurarle al propio Estado la operación inmediata de una señal de televisión". La Televisora Venezolana Social (TVes), patrocinada principalmente por el Estado venezolano, ocupa las frecuencias que anteriormente tenía RCTV y opera en todo el país utilizando los transmisores pertenecientes a la emisora, explicó la SIP.
Nueva Era Informativa
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